Investigación de Contraloría cuestiona a municipio por financiamiento del fútbol en Salamanca: Reparos por unos 259 millones

La Contraloría Regional de Coquimbo detectó una serie de irregularidades en el financiamiento municipal del fútbol en Salamanca durante 2024 y 2025, tras una investigación que examinó contrataciones a honorarios, gastos de funcionamiento, uso de infraestructura deportiva y la concesión de derechos asociados al club Brujas de Salamanca.

Los resultados quedaron consignados en el Informe Final de Investigación Especial N.º 622, fechado el 7 de octubre de 2026, que establece observaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la Municipalidad de Salamanca y la Corporación Municipal de Deportes.

Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador informó que formulará un reparo por $259.719.829 correspondiente a pagos a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo contratados a honorarios, respecto de los cuales no encontró antecedentes suficientes que acreditaran la efectiva prestación de los servicios comprometidos.

A ello se suman $106.258.730 en gastos asociados al funcionamiento del club que la Contraloría consideró improcedentes. Ambos montos totalizan $365.978.559 en desembolsos cuestionados, sin perjuicio de las acciones y procedimientos que correspondan.

Pagos a jugadores bajo programas comunitarios

Según el informe, durante el período fiscalizado la municipalidad contrató a jugadores de fútbol, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo bajo funciones como monitores deportivos, mantención de recintos, manipulación de alimentos y guardias de seguridad.

Sin embargo, la revisión de los antecedentes de respaldo no permitió acreditar que los servicios se hubieran prestado efectivamente al municipio. La Contraloría concluyó que, mediante este mecanismo, se habría financiado el pago de remuneraciones de futbolistas y personal vinculado al equipo al margen de las atribuciones municipales.

Los pagos fueron imputados a los programas comunitarios “Subprograma Municipal Salamanca” y “Subprograma Oficina del Deporte”, que debían estar orientados a actividades en beneficio de la comunidad.

El organismo observó que estos programas se utilizaron para financiar honorarios y gastos asociados al funcionamiento del club, sin que se acreditara adecuadamente la realización de las actividades comunitarias que justificaban su ejecución.

Además, detectó deficiencias en la supervisión de los monitores, la revisión de informes de actividades y los controles internos destinados a verificar el cumplimiento de las funciones contratadas.

Gastos en alimentación, alojamiento y traslados

La fiscalización también cuestionó $106.258.730 en gastos vinculados al funcionamiento del equipo, entre ellos compras de alimentos y otros productos, arriendo de inmuebles, pago de servicios básicos, alojamiento en hoteles, traslados en bus y otros desembolsos relacionados con la participación deportiva.

Para la Contraloría, estos pagos vulneraron el principio de legalidad del gasto público, debido a que fueron financiados mediante programas comunitarios sin cumplir los requisitos correspondientes.

El informe también detectó reembolsos a funcionarios municipales por compras y servicios asociados al club, así como deficiencias en la gestión financiera y contable. Entre las situaciones observadas figuran adquisiciones sin presupuesto, órdenes de compra emitidas después de la entrega de bienes o servicios, facturas contabilizadas y pagadas en períodos posteriores y documentos que llegaron a instancias judiciales por falta de pago.

Estas situaciones dificultaron establecer un control adecuado sobre los recursos utilizados para financiar las actividades futbolísticas.

Contraloría cuestiona concesión gratuita a Brujas de Salamanca SADP

Otro de los puntos centrales del informe se relaciona con el contrato de concesión suscrito el 7 de febrero de 2025 entre la Corporación Municipal de Deportes de Salamanca y Brujas de Salamanca Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP).

Mediante ese acuerdo, se concedió gratuitamente, por un período de cinco años, el uso y goce de derechos y activos vinculados al desarrollo del fútbol profesional. Entre ellos se incluyeron derechos federativos para participar en competencias, bienes, créditos, imagen, marcas, logotipos y otros activos materiales e inmateriales relacionados con la actividad futbolística.

La Contraloría concluyó que la Corporación Municipal de Deportes carecía de atribuciones para crear un club deportivo de estas características. Por ello, instruyó a la Municipalidad de Salamanca informar, dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe, las acciones tendientes a la disolución de la sociedad deportiva en cuestión, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General de la República.

La instrucción corresponde a una medida que debe ser informada y seguida por el organismo fiscalizador.

Municipio dejó de percibir al menos $2,3 millones

El documento también identificó ingresos no percibidos por concepto de arriendo de infraestructura deportiva utilizada por el club, debido a cobros inferiores a los establecidos en la ordenanza municipal.

De acuerdo con la Contraloría, esta situación generó una diferencia de al menos $2.333.697 que la municipalidad deberá acreditar como percibida dentro de un plazo de 30 días, a través del sistema de seguimiento correspondiente.

Si el ingreso no se materializa dentro del plazo señalado, el organismo evaluará la formulación de un reparo adicional, conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, se constató que el municipio facilitó dos inmuebles de propiedad municipal y arrendó otras propiedades para el alojamiento de jugadores, sin contar con registros, convenios, autorizaciones u otros antecedentes formales suficientes que respaldaran y regularan su ocupación.

Por esta razón, la Contraloría instruyó que, en adelante, el municipio utilice su infraestructura para fines relacionados con sus funciones y evite gastos de arriendo en beneficio de terceros que no satisfagan necesidades sociales o públicas.

Antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Illapel

Considerando las situaciones detectadas, la Contraloría anunció que remitirá una copia del informe a la Fiscalía Local de Illapel del Ministerio Público para los fines que correspondan.

Además, ordenó a la municipalidad instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las situaciones relacionadas con los ingresos por arriendos y el uso de inmuebles. El acto administrativo que disponga dicho procedimiento deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del documento.

La remisión de antecedentes al Ministerio Público no constituye, por sí sola, una declaración de culpabilidad penal. Corresponderá a las instituciones competentes evaluar los antecedentes y determinar las actuaciones que procedan.

Investigación abarcó los años 2024 y 2025

La investigación tuvo como objetivo examinar eventuales irregularidades en el financiamiento del club, verificar la prestación efectiva de servicios contratados a honorarios, revisar el uso de instalaciones municipales y arrendadas, comprobar los gastos asociados al plantel y analizar la concesión de derechos deportivos.

En su resumen ejecutivo, la Contraloría señaló que la revisión comprendió la totalidad de los pagos informados por el municipio en las materias examinadas: $259.719.829 en honorarios y $110.258.730 en bienes y servicios de consumo.

El informe concluye que existieron debilidades en los controles administrativos, financieros y contables, así como en la supervisión de los programas comunitarios utilizados para financiar actividades relacionadas con el fútbol.

Con la emisión del Informe Final N.º 622, la Municipalidad de Salamanca deberá adoptar las medidas instruidas, acreditar los ingresos observados y reportar las acciones administrativas y jurídicas que correspondan ante la Contraloría.