El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, presentó este martes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel con el objetivo de que el Ministerio Público investigue una serie de presuntas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio superior a $1.450 millones al patrimonio municipal durante la administración anterior.

La acción judicial se sustenta en los antecedentes obtenidos a partir de una auditoría externa forense encargada por el municipio y de la revisión de diversos informes emitidos por la Contraloría General de la República, correspondientes a los años 2023 y 2024.

Según explicó el jefe comunal, el propósito de la querella es esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y resguardar los recursos que pertenecen a todos los habitantes de Salamanca.

“Como municipio de Salamanca realizamos una auditoría externa forense. Además, revisamos exhaustivamente los informes presentados por Contraloría, donde se detectaron eventuales irregularidades en el municipio durante los años 2023 y 2024, es decir, en la administración anterior, por un monto superior a los 1.450 millones de pesos. Por eso hemos presentado una querella criminal y esperamos que la justicia nos ayude a esclarecer los hechos ocurridos en este período”, señaló el alcalde Carlos Lillo.

La autoridad comunal enfatizó que esta acción judicial no responde a motivaciones políticas ni personales.

“Esto no es un revanchismo político ni persigue intereses personales, sino que busca esclarecer el destino de cada peso que pertenece a los habitantes de la comuna de Salamanca”, afirmó.

Investigación por posibles delitos funcionarios

El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien representa al municipio en esta causa, explicó que la querella denuncia hechos que podrían constituir delitos como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos u otros ilícitos funcionarios.

El profesional indicó que se solicitó que la causa sea admitida a trámite para que la Fiscalía de Illapel, junto con la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Regional, lleve adelante una investigación exhaustiva.

“Se trata de una acción penal que denuncia hechos que pueden configurar delitos de fraude, malversación u otros delitos funcionarios. Lo que se busca es que la justicia y el Ministerio Público investiguen el origen del perjuicio que afecta a la Municipalidad de Salamanca, el cual asciende a alrededor de 1.450 millones de pesos”, explicó.

Buscan identificar responsables y recuperar recursos

Manríquez agregó que el objetivo es que la investigación permita establecer las responsabilidades individuales, adoptar las medidas cautelares que correspondan y, eventualmente, obtener las condenas respectivas si se acreditan los delitos denunciados.

Asimismo, señaló que uno de los principales propósitos de la acción judicial es recuperar los recursos públicos que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, habrían significado un importante perjuicio económico para el municipio.

“Esperamos que, mediante una investigación pronta y profunda, se determine quiénes son los responsables, se formalicen los cargos que correspondan y, si existen condenas, también se logre recuperar el enorme perjuicio económico que ha sufrido la Municipalidad de Salamanca, el cual supera aproximadamente el millón y medio de dólares. Se trata de una situación muy significativa para una comuna como Salamanca”, sostuvo el abogado.

Con esta presentación judicial, el municipio busca que sea la justicia la encargada de esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en la administración municipal correspondiente al período 2023-2024.